Se aprobó la reglamentación de la Contaduría General
La Cámara de Diputados convocará a Bahl para que brinde informes sobre el funcionamiento de CAFESG
En la sesión de este miércoles, la última antes del receso de invierno en la Legislatura, la Cámara de Diputados de la provincia aprobó un proyecto de resolución del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) en el que se dispone convocar al ministro de Gobierno, Justicia y Educación, Adán Bahl, para que informe sobre el funcionamiento de la Comisión Administradora de Fondos Excedentes de Salto Grande (CAFESG). Esto se da luego de la fallida visita del titular del organismo, Hugo Ballay, en la sesión anterior, donde se negó a contestar los requerimientos de los diputados amparándose en las restricciones que impone la Constitución provincial para interpelar funcionarios. También se aprobaron por unanimidad las modificaciones que realizó el Senado al proyecto de la ley orgánica de la Contaduría General de la provincia, y de este modo se reglamentó otro instituto de la reformada Constitución entrerriana.
En la sesión de este miércoles, las banderas se izaron a media asta en señal del duelo por el crimen de dos policías, ocurrido en Diamante el pasado domingo. Durante los homenajes, la diputada Alicia Haidar (PJ- Diamante) manifestó que “estos hombres se suman a la extensa nómina de agentes del país que perdieron su vida; por eso, debemos reflexionar como comunidad y repudiar este hecho”.
Tras los homenajes de rigor, el presidente del bloque de la UCR, Marcelo López (Colón), se refirió a la presentación de Ballay en la sesión del pasado miércoles y calificó su actitud de “insólita”, ya que “dijo que le parecía importante concurrir pero se negó a dar informes aduciendo que la Constitución de la provincia no autorizaba interpelaciones a funcionarios”, recordó el legislador.
También rememoró su pretensión en aquella sesión de “convocar al ministro político, Adán Bahl” y explicó: “Si bien tengo conocimiento de que la CAFESG depende directamente del gobernador, creo que el ministro puede evacuar las dudas que tiene esta Cámara”. A ello, agregó: “Se me indicó que transformara mi moción en un proyecto de resolución y así lo hicimos”.
En ese marco, afirmó que “esto no se trata de obtener ningún rédito político por parte de ningún diputado de esta Cámara; aquí se trata de que los funcionarios del Poder Ejecutivo entiendan que el Legislativo es el Poder que debe revisar sus actos, debe revisar la dirección propia que se le imprime a un gobierno, y esa es la función republicana de este cuerpo”. Al respecto, López consideró que “no es concebible que un funcionario, por una cuestión meramente interpretativa de una norma, pretenda resistir el ejercicio de esa función por parte de este Poder”.
“Entiendo que el señor ministro, si así lo desea, podrá concurrir a este recinto acompañado de ese funcionario, lo que sería una buena señal para que todos los funcionarios entiendan que este cuerpo cumplirá con su función”, sentenció.
El proyecto, que requería de los dos tercios de los votos, quedó aprobado para “convocar al seno de la cámara, en los términos del artículo 116 de la Constitución provincial, al señor ministro de Estado de Gobierno, Justicia y Educación, Adán Bahl, a los efectos de que responda los informes y requerimientos de este cuerpo”. Los legisladores tendrán cinco días para remitir a la presidencia de la Cámara las preguntas y dudas que deseen realizar al funcionario interpelado.
Orgánica de la Contaduría General
Desde la oposición, Benedetti manifestó la disposición del bloque radical para aceptar las modificaciones a la ley orgánica de la Contaduría General de la Provincia, que reglamenta otro instituto de la Constitución provincial, “en el entendimiento de que las diferencias que contempla son aceptables”.
Aseveró que “la modificación del artículo 1 acentúa lo que la Constitución pretende de este organismo de control que es darle autonomía” y destacó que “la Contaduría General tiene relación directa con el Poder Ejecutivo, y como órgano autónomo tendrá relación con el Ministerio de Economía”.
“Sabemos que la función de control interna, anterior y concomitante, de todo acto administrativo que disponga pagos y recursos del Estado hace que funcionen las instituciones republicanas”, señaló Benedetti, para luego resaltar que “la Contaduría General interviene en la elaboración del Presupuesto, en la conformación de la cuenta general del ejercicio, tiene a su cargo la administración de la coparticipación de impuestos nacionales y provinciales, y es el órgano que sin cuya intervención –en muchos casos- los datos administrativos pueden ser atacados de nulos, sobre todo en lo que se refiere a pagos que debe hacer el Estado”.
También detalló que el organismo “tiene funciones especificas como dictar normas de contabilidad y es el órgano rector de la contabilidad de la administración”, por lo cual bregó “por su pronta sanción para que tengamos un régimen legal adecuado para este órgano de control”.
Por su parte, Jourdán anunció el acompañamiento a las reformas introducidas en el Senado y resaltó la importancia de “esta modalidad del control previo que lleva adelante la Contaduría General, esta independencia como órgano de control y esta reglamentación, más allá de sutiles diferencias que pueden existir; el fondo de la cuestión es lo importante y estamos avanzando en los institutos de la Constitución”.
También le pidió al Senado “que avance más fuertemente en la sanción de los institutos constitucionales que se trabajaron en la Cámara de Diputados y a los cuales les falta sanción en el Senado”.
La sanción del proyecto en el Senado fue en marzo y allí se estableció que la remuneración del contador general será la misma que perciban los ministros, mientras que la de los contadores adjuntos será igual al 80 por ciento del sueldo del contador general.
La iniciativa se aprobó por unanimidad.
Aportes ley 4.035
La Cámara también aprobó el proyecto de ley proveniente del Senado por el que se establece en el “uno con cincuenta centésimos por ciento (1,50 por ciento) la alícuota fijada por el artículo 35 inciso a) de la ley 9.622 y sus modificatorias, para la integración del Aporte Patronal al Fondo de Integración de Asistencia Social – ley 4.035”. La norma, a la que los senadores dieron media sanción ayer, apunta a tener vigencia a partir del primer día del mes en curso. Además se faculta al Poder Ejecutivo a dictar las normas necesarias a los fines de la reglamentación.
El proyecto también faculta al Poder Ejecutivo a disponer por el término de seis meses prorrogables por única vez y por idéntico período y para determinadas actividades, cuando razones fundadas así lo ameriten, una reducción del 0,50 por ciento de la alícuota establecida en el artículo primero del proyecto.
Indica que la reducción será cuando se den los siguientes casos:
a) Cuando se trate de actividades declaradas en estado de emergencia y/o desastre.
b) Cuando las actividades se enmarque en programas de fomento de nuevas inversiones y/o de creación de nuevos puestos de trabajo.
c) Cuando el objetivo sea mantener las fuentes de trabajo en actividades amenazadas por ciclos desfavorables de la economía.
Asimismo, los diputados aprobaron una iniciativa que pasó en revisión al Senado por la que se modifica la alícuota del Aporte Patronal al Fondo de Integración de Asistencia Social – ley 4.035 que abonan los clubes y entidades civiles sin fines de lucro
Al fundamentar la iniciativa, se destacó que “la alícuota original era del 3 por ciento, y a través de los años ha ido sufriendo reducciones”. “No podemos desconocer el importante rol q cumplen las entidades deportivas y las asociaciones civiles, y tampoco se puede desconocer que se encuentran atravesando serias dificultades económicas, a lo que debe sumarse la pretensión de aumentos salariales genuinos de parte de sus empleados. Esta situación los ha llevado a encontrarse en estado de riesgo en su supervivencia”, se afirmó.
La norma dispone “una alícuota de 0,50 para la integración de los aportes personales al fondo de integración de asistencia social - ley 4.035 para las asociaciones deportivas y civiles y reduce a un tres por mil el aporte personal de los empleados que trabajan en relación de dependencia con dichas entidades”. Esto “significa un alivio económico y constituye un acto de justicia”, afirmaron los diputados que aprobaron la norma.
Para finalizar, se aprobaron en bloque los proyectos de resolución, tal como se había acordado en Labor Parlamentaria y el presidente de la Cámara, Jorge Busti, anunció que la próxima sesión será el 28 de julio, a las 10.


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