Hoy hay un límite social, en lo tolerable, para la represión de la protesta social, y ese límite es que no haya muertos en las calles. El Gobierno nacional registra este límite de lo tolerable socialmente, porque es casi su marca de origen. En el mismo momento que Maximiliano Kosteki y Darío Santillán caían muertos acribillados por las balas de la policía bonaerense el 26 de junio de 2002 con motivo de una protesta piquetera en Puente Pueyrredón, comenzaba a cerrarse el telón para la era de Eduardo Duhalde en la Presidencia, y se abría al mismo tiempo un nuevo proceso de reconstitución de la legitimidad democrática en Argentina tras los acontecimientos de 2001.

Desde de su asunción en 2003, el kirchnerismo ha logrado tejer una serie de alianzas con distintos grupos que lo han mantenido en el cúspide del poder. En este juego, algunos sectores políticos han sostenido –merced a la disputa en diferentes frentes– este límite tolerable en las disidencias y legitimación de la gobernabilidad, así como el kirchnerismo ha ido definiendo la línea que separa los amigos de los enemigos, en una compleja trama que articula muy diversos intereses. Es una particularidad de este proceso político que despliegue sus movimientos y diseñe su estrategia a partir de, precisamente, definir –casi a pedir de boca– a sus propios antagonistas, porque su lógica en parte los necesita así de claros. El kirchnerismo organiza, regula, distribuye, ejerce el poder en el campo de las crisis y los conflictos; esa es su arena de lo político. Duhalde, Cavallo, Reutemann, el multimedios Clarín, Morales Solá, Mirtha Legrand, Cobos, Majul, Amalia Granata, Macri, Susana Giménez, y un largo etcétera de grupos y personajes encarnan en distintos momentos los opuestos al proyecto del kirchnerismo. Opuestos ante los cuales se siente cómodo, porque afirma una posición que rearma su hegemonía. Tal vez el “rival” que opuso mayor resistencia hayan estado en los sectores que representan las entidades agropecuarias, que un punto del conflicto por la retenciones, logró abloquelar un abanico heterogéneo de opositores al gobierno por diversos aspectos. Con el tiempo, este enfrentamiento ha sido casi domesticado a instancias de una negociación algo más pacífica y solapada en torno a las mismas razones por las cuales fueron aliados: la renta extraordinaria de la soja.

INTERESES . Pero hete aquí que el Gobierno se ha topado con la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú, un movimiento social de características singulares, que podría tener implicancias mucho más amplias que la pelea contra la instalación de la pastera UPN–Botnia. A esta altura ya no es una sorpresa la instalación que ha logrado en la agenda pública de la problemática medioambiental, aunque no deja de asombrar el grado de convocatoria que ha llegado a alcanzar, como el último domingo de abril de este año cuando alrededor de 100 mil personas marcharon sobre el puente internacional general San Martín en rechazo de la planta de celulosa. Prescindiendo de consignas y logísticas partidarias, es inimaginable otro hecho con el nivel de masividad y libre voluntad. Este, tampoco es un dato menor.