Ayer por la mañana se agregó una nueva testimonial a la causa penal que investiga el juez suplente Gregorio Martínez (código procesal anterior), contra el ex intendente Juan Carlos Cresto, los ex secretarios Alfredo Francolini y Daniel Martínez, y los ex concejales Marcos Wdowiak, Jorge Ferrera, Ricardo Zubillaga, Roberto Chabrillon, y Martín Santana y Roberto González, estos últimos actualmente en funciones; todos procesados por el delito de “Incumplimiento de los deberes de funcionario público” (Art. 248 del Código Penal) por la adjudicación directa del Campo del Abasto, en un comodato por 20 años, a una empresa privada de capitales bonaerenses (CETRU S.A) creada para la ocasión. El proyecto emanado del departamento ejecutivo, fue aprobado por el voto tanto del oficialismo como de la oposición. La nueva testimonial en realidad es la ampliación de lo que ya había declarado el ex intendente Cresto en la primera oportunidad, antes de que se dictara el procesamiento. Ahora con la confirmación de la Cámara de Apelaciones a su situación procesal, el ex jefe comunal de Concordia solicitó audiencia para ampliar su declaración. Según informaron fuentes judiciales, Cresto realizó una extensa declaración en la que se abocó a defender los argumentos por lo que había cedido el predio a esa empresa. Lo que calificó de “un proyecto Beneficioso para la ciudad” y afirmó que “la disposición final de los residuos no es un servicio público” el ex funcionario, volvió a afirmar que a su juicio solo la recolección de basura constituye un servicio público y propuso que se citada a declarar a diferentes intendentes de entre ríos, para que se les pregunte por este dilema. Cabe destacar que pese a que la provincia de Entre Ríos no está adherida a la ley nacional 25.916, (reforma 1994) que establece el compromiso del Estado en cuanto al cuidado del medio ambiente y señala en este ámbito la responsabilidad pública de la disposición de los residuos, la Cámara de Apelaciones de concepción del Uruguay se pronunció a favor del juez de instrucción, señalando que “la norma tiene aplicación obligatoria en todo el territorio nacional y la adhesión del senado de cada provincia es a los fines de instrumentar las medidas necesarias para su aplicación”.
Despreocupado
Mientras salía del palacio de tribunales, acompañado de su hijo y abogado defensor, Enrique Tomás, el ex intendente Cresto refirió que “yo ya se como va a terminar esto, ya una vez me hicieron una causa para que en el juicio, el fiscal tenga que pedir disculpas porque se había usado a la Justicia para una persecución política, yo declaré lo que pasó, que hizo lo que creí conveniente para la ciudad ya todos los que le pregunté me dijeron que no era un servicio público”.
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